La expulsión administrativa constituye una de las decisiones más gravosas que puede adoptar la autoridad migratoria, pues implica la separación forzada del territorio nacional y puede afectar directamente la unidad familiar, la estabilidad personal y el ejercicio de derechos fundamentales.

Sin embargo, la jurisprudencia reciente de la Corte Suprema ha reafirmado un estándar esencial para la defensa estratégica de personas migrantes: la expulsión no puede ejecutarse de forma automática, sino que debe respetar estrictamente el debido proceso administrativo y considerar de manera efectiva el arraigo familiar del afectado.

Este criterio adquiere especial relevancia cuando existen hijos chilenos, vínculos familiares consolidados o circunstancias personales sobrevinientes.

1. Antecedente jurisprudencial relevante

La Excma. Corte Suprema, en sentencia de 17 de marzo de 2025, Rol N° 5.591-2025, confirmó la decisión de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que acogió un reclamo de ilegalidad interpuesto en contra del Servicio Nacional de Migraciones, dejando sin efecto una orden de expulsión administrativa.

El máximo tribunal estableció que, si bien la notificación del procedimiento podía estimarse válida, el acto administrativo impugnado carecía de fundamentación suficiente, debido a que no ponderó adecuadamente una circunstancia esencial: la existencia de un hijo nacido en Chile, hecho sobreviniente que incide directamente en el arraigo familiar.

La Corte Suprema calificó esta omisión como una ilegalidad sobreviniente, ordenando dejar sin efecto la expulsión para que la autoridad dicte una nueva resolución que realice una ponderación actualizada conforme al artículo 129 N°5 de la Ley N°21.325.

2. El problema jurídico central

La controversia consistió en determinar si la autoridad administrativa puede ejecutar una medida de expulsión cuando:

• No pondera circunstancias familiares relevantes.
• Omite antecedentes personales sobrevinientes.
• No fundamenta adecuadamente la proporcionalidad de la sanción.
• Desatiende el impacto de la medida en la unidad familiar.

La Corte Suprema sostuvo que tales omisiones impiden el control judicial del acto administrativo y vulneran el estándar de motivación suficiente exigido en un Estado Constitucional de Derecho.

3. Criterio jurisprudencial consolidado

El fallo consolida una línea jurisprudencial clara: la potestad sancionatoria migratoria está sujeta a control judicial estricto y exige:

• Fundamentación suficiente del acto administrativo.
• Ponderación actualizada del arraigo familiar.
• Consideración de circunstancias sobrevinientes.
• Aplicación del principio de proporcionalidad.
• Protección reforzada de niños, niñas y adolescentes.

De esta forma, la expulsión deja de ser una consecuencia automática del ingreso irregular y pasa a constituir una decisión jurídicamente revisable.

4. Principios jurídicos aplicados

La sentencia reafirma la vigencia de principios estructurales del derecho público:

• Debido proceso administrativo.
• Legalidad de los actos administrativos.
• Motivación suficiente.
• Principio de proporcionalidad.
• Derecho a la unidad familiar.
• Interés superior del niño.

Estos principios operan como límites jurídicos al poder sancionatorio migratorio del Estado.

5. Utilidad práctica para la defensa estratégica

Este precedente fortalece múltiples estrategias de litigación migratoria:

• ✔ Reclamos judiciales contra expulsiones desproporcionadas.
• ✔ Recursos de protección por vulneración de derechos fundamentales.
• ✔ Acciones de amparo ante amenazas a la libertad ambulatoria.
• ✔ Alegaciones por falta de motivación del acto administrativo.
• ✔ Invocación del arraigo familiar como límite jurídico.
• ✔ Aplicación de estándares de protección reforzada a NNA.

La sentencia entrega herramientas concretas para cuestionar expulsiones dictadas sin ponderación suficiente de circunstancias personales y familiares.

6. Impacto en la litigación migratoria contemporánea

El fallo consolida una jurisprudencia garantista que exige a la administración migratoria actuar con estricto apego a la legalidad procedimental y a la racionalidad de sus decisiones.

Esto fortalece el control judicial de la actividad administrativa y reduce automatismos sancionatorios incompatibles con un Estado de Derecho. La defensa migratoria moderna debe sustentarse en precedentes judiciales sólidos que permitan cuestionar decisiones administrativas carentes de motivación suficiente.

7. Conclusión profesional

El arraigo familiar y el deber de fundamentación no constituyen meras consideraciones humanitarias, sino verdaderos límites jurídicos al ejercicio de potestades sancionatorias en materia migratoria.

Una defensa estratégica eficaz exige integrar jurisprudencia reciente, principios constitucionales y estándares de derechos humanos para garantizar la protección efectiva de las personas migrantes.