Cuando el SERMIG desobedeció dos veces a la Corte: la prohibición de ingreso que sobrevivió a su propia causa — y el amparo que la extinguió

01 — Los hechos

El caso: una prohibición zombie y una madre de hijo chileno

La historia de este caso comienza en 2017, cuando J.C.E.V. ingresó regularmente a Chile. En los años siguientes construyó vida, familia y arraigo en el país: tuvo un hijo de nacionalidad chilena — hoy de cinco años, con una condición médica compleja —, estableció convivencia con una ciudadana chilena y completó sus estudios secundarios en territorio nacional.

En 2022, su solicitud de residencia temporal fue rechazada por el SERMIG mediante la R.E. N°117.543, con fundamento en antecedentes penales que — como la propia Corte determinaría más tarde — no configuraban la causal legal invocada. Sobre esa base jurídicamente defectuosa se construyó toda la cadena sancionatoria posterior.

02 — El recorrido procesal

Cuatro años, tres resoluciones y dos sentencias: una cadena de errores acumulados

03 — El fundamento jurídico

La prohibición zombie: una sanción accesoria que intentó sobrevivir a su causa principal

El argumento jurídico central de la defensa fue técnicamente preciso y procesalmente contundente: la R.E. N°27.573 pretendió «complementar y rectificar» una resolución de expulsión que ya no tenía existencia legal en los términos en que el SERMIG la concebía. La Corte había dejado sin efecto la R.E. N°53.357 para el solo efecto de ordenar un nuevo pronunciamiento motivado — lo que en la práctica extinguió la sanción tal como había sido dictada.

Al emitir la R.E. N°27.573, el SERMIG incurrió en un doble vicio. Primero, utilizó la facultad de rectificación del Art. 62 de la Ley N°19.880 — que solo procede para errores materiales o de escritura — para modificar el fondo de un acto ya extinguido, creando de hecho una nueva sanción sin procedimiento previo, sin plazo de descargo y sin respetar el efecto de cosa juzgada de la sentencia de julio de 2025. Segundo, volvió a omitir la ponderación real que la Corte había exigido: el arraigo familiar fue considerado únicamente para reducir el plazo de prohibición de 14 a 5 años, no para evaluar si la sanción expulsatoria misma seguía siendo procedente.

La Corte fue directa: ante el incumplimiento de lo dispuesto en la sentencia de 18 de julio de 2025, el amparo debía ser acogido en los mismos términos. El principio de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal no es una elegancia académica — es un límite jurídico operativo que el SERMIG no puede eludir mediante rectificaciones formales.

04 — Las normas aplicadas

El marco jurídico que la administración ignoró — y que la Corte aplicó

05 — Análisis crítico

Lo que este caso revela sobre la práctica administrativa del SERMIG

El caso de J.C.E.V. no es un error aislado: es un patrón. La Corte de Apelaciones de Santiago ya había señalado en julio de 2025 que la resolución de expulsión era arbitraria por dos razones independientes: la errónea aplicación de la causal del Art. 32 N°6 — que exige condena firme y no meros antecedentes procesales — y la insuficiente ponderación del arraigo familiar. El SERMIG respondió a esa sentencia con una resolución que corrigió solo el plazo de la sanción accesoria, sin abordar el fondo del vicio que la Corte había identificado.

La Corte lo entendió así. Al acoger el amparo en los mismos términos que la sentencia de julio de 2025, envió una señal inequívoca: la ponderación del arraigo familiar que exige el Art. 129 N°6 de la Ley 21.325 no se satisface reduciendo años de prohibición. Se satisface evaluando si la expulsión misma sigue siendo procedente a la luz de todos los antecedentes — y en este caso, con un hijo chileno menor de seis años con una condición médica grave como A.A.B.E., la respuesta debió haber sido negativa desde el inicio.

06 — Herramientas de defensa

Lo que este fallo entrega a la litigación migratoria

• ✔ Argumento de extinción del acto principal: la prohibición de ingreso no puede subsistir cuando la expulsión que la origina ha sido dejada sin efecto judicialmente.
• ✔ Control de la «rectificación encubierta»: el Art. 62 Ley 19.880 no puede ser usado para crear nuevas sanciones bajo el ropaje de una corrección formal.
• ✔ Incumplimiento de sentencia como causal autónoma de amparo: cuando el SERMIG no acata lo ordenado por la Corte, el amparo procede directamente sin necesidad de nuevos argumentos de fondo.
• ✔ Causal del Art. 32 N°6: solo la condena firme habilita la prohibición de ingreso. Los procesos sin sentencia ejecutoriada — incluyendo suspensiones condicionales y decisiones de no perseverar — no configuran esta causal.
• ✔ Ponderación del arraigo con hijo en condición de salud compleja: la enfermedad grave de un hijo chileno refuerza sustancialmente el argumento de interés superior del niño y proporcionalidad de la sanción.
• ✔ Acumulación de precedentes: este fallo se suma a CS Rol N°6.084-2026 y CS Rol N°5.591-2025 como jurisprudencia consolidada sobre los límites del poder sancionatorio migratorio.

07 — Conclusión profesional

El principio que no cede: lo accesorio no puede más que lo principal

Este caso enseña algo que toda defensa migratoria debe tener presente: los errores normativos del SERMIG no se corrigen solos con el paso del tiempo ni con resoluciones que ajustan cifras. Se corrigen — o no se corrigen — cuando la Corte los examina. Y cuando la Corte ya los examinó y ordenó subsanarlos, una nueva resolución que los reitera con distinto ropaje formal no es cumplimiento: es reincidencia.

La prohibición de ingreso de J.C.E.V. nació viciada porque se fundó en una causal que la ley reserva para quienes han sido condenados — no para quienes han tenido procesos penales sin condena firme. Sobrevivió más de tres años a ese vicio. Y cuando la Corte ordenó corregirlo, el SERMIG eligió reducir el plazo en lugar de revisar el fondo. El amparo fue la consecuencia natural e inevitable de esa elección.

La defensa estratégica eficaz no espera el siguiente error administrativo. Lo anticipa, lo documenta y lo convierte en argumento judicial.