¿Qué pasa con las ganancias del delito cuando no hay condena?
¿Qué pasa con las ganancias del delito cuando no hay condena?
1. El problema jurídico
Una organización obtiene $1.500 millones con la venta de droga. Con parte de ese dinero compra departamentos que luego arrienda. Antes de la sentencia muere la persona a cuyo nombre están inscritos los inmuebles, y un tercero sostiene que uno de ellos lo pagó con recursos propios. ¿Puede el Estado quedarse con esos bienes si nadie llega a ser condenado? ¿Y con qué prueba?
Chile, Colombia y Venezuela responden de manera distinta. Las diferencias están en la vía procesal que se abre, en lo que el Estado debe acreditar y en las herramientas de quien reclama un derecho propio sobre el bien.
2. Doctrina penal: ¿consecuencia del delito o sanción encubierta?
El comiso clásico era una pena accesoria y, como toda pena, exigía condena. Durante décadas, la lectura restrictiva del artículo 31 del Código Penal chileno dejó fuera las ganancias del delito. La Ley N.° 21.577 de 2023 cambió el punto de partida: el nuevo inciso segundo del artículo 20 declara que no se reputa pena el comiso de ganancias ni cualquier forma de comiso sin condena prevista por la ley. El fundamento invocado es la privación de un enriquecimiento que el Derecho no reconoce.
La calificación legal no cierra el debate. Diva Serra Cruz (2023) sostiene que el comiso sin condena previa conserva carácter punitivo y examina su compatibilidad con la presunción de inocencia y el derecho a defensa. En Colombia, la Corte Constitucional resolvió lo contrario para la extinción de dominio: en la sentencia C-740 de 2003 la definió como una acción constitucional pública, jurisdiccional y autónoma, cuya declaración judicial no tiene carácter de pena, criterio que reiteró en la C-473 de 2023.
3. Desarrollo dogmático: qué debe probarse en Chile
Con condena, el artículo 24 bis del Código Penal impone el comiso de las ganancias provenientes del delito. Entran los frutos y utilidades, cualquiera sea su naturaleza (en el ejemplo, los arriendos), y para calcular su valor no se descuentan los gastos necesarios para perpetrar el delito. Si la droga costó $500 millones, ese costo no rebaja el monto comisable.
Sin condena, el comiso procede solo en las hipótesis que la ley enumera. El artículo 294 bis lo permite respecto de ganancias de una organización delictiva o criminal cuando se dicta sobreseimiento temporal (art. 252 letras b y c del Código Procesal Penal), absolución por falta de convicción (art. 340) o sobreseimiento definitivo de la letra b) del artículo 250, y cuando el sobreseimiento o la absolución se fundan en eximentes que no excluyen la ilicitud o en la extinción de la responsabilidad penal, como la muerte del imputado. El artículo 41 de la Ley N.° 21.595 replica ese esquema para los delitos económicos. En ambos casos, el comiso alcanza a terceros solo si concurre alguna de las circunstancias del artículo 24 ter.
El procedimiento está en el Título III bis del Libro IV del Código Procesal Penal. El Ministerio Público o el querellante deben presentar un requerimiento escrito dentro de diez días desde que queda ejecutoriada la resolución que puso término a la investigación o al juicio (art. 415 ter). El tribunal forma su convicción sobre la base de la prueba preponderante (art. 415 sexies), y contra la sentencia procede el recurso de nulidad (art. 415 octies).
4. Comparación internacional
Colombia elevó la figura a rango constitucional en el artículo 34 de la Carta de 1991, la reguló en la Ley 333 de 1996, luego en la Ley 793 de 2002 y hoy en la Ley 1708 de 2014, Código de Extinción de Dominio. La acción es patrimonial e independiente del proceso penal, y protege al tercero de buena fe exenta de culpa. La Hacienda Nápoles lo ilustra: Pablo Escobar murió en 1993, la extinción de dominio se declaró en 2004 y el predio terminó transferido al municipio de Puerto Triunfo.
Venezuela adoptó en 2023 la Ley Orgánica de Extinción de Dominio (Gaceta Oficial N.° 6.745 Extraordinario, 28 de abril). Su artículo 7 declara la acción imprescriptible y dispone que no se extingue ni se suspende con la muerte del titular aparente. Allan Brewer-Carías ha advertido que la ley regula, en los hechos, una confiscación que el artículo 116 de la Constitución venezolana solo admite por excepción.
La Unión Europea ofrece un tercer modelo. La Directiva (UE) 2024/1260 obliga a prever el decomiso sin condena cuando el proceso penal no pudo concluir por enfermedad, fuga o muerte del acusado, pero podría haber terminado en condena.
| Sistema | Vía sin condena | Muerte del titular | Estándar / garantía |
|---|---|---|---|
| Chile | Comiso sin condena previa en causales tasadas (art. 294 bis CP; art. 41 Ley 21.595) | Procede si el término se funda en la extinción de la responsabilidad penal | Prueba preponderante (art. 415 sexies CPP); terceros solo en supuestos del art. 24 ter |
| Colombia | Acción autónoma de extinción de dominio (art. 34 CP; Ley 1708 de 2014) | La acción se ejerce sobre el bien, con independencia de la persona | Protección del tercero de buena fe exenta de culpa (C-740/03) |
| Venezuela | Acción imprescriptible de extinción de dominio (LOED 2023) | No se extingue ni suspende (art. 7) | Sentencia firme; salvaguarda de terceros de buena fe |
5. Legislación y jurisprudencia aplicable
Antes de 2023, la jurisprudencia chilena ya enfrentó el problema. En el caso Riggs, la Corte Suprema, en sentencia de 24 de agosto de 2018, condenó a tres militares en retiro por malversación de caudales públicos y decretó el comiso de cerca de US$ 1,6 millones en bienes de Augusto Pinochet, fallecido en 2006, bajo el antiguo artículo 31. La decisión fue posible porque hubo condenados por el mismo hecho y porque los bienes estaban cautelados en el proceso. Su valor actual es metodológico: la Corte siguió el rastro del dinero hasta bienes concretos.
6. Posición del autor
A mi juicio, el modelo chileno resiste mejor el examen constitucional que la extinción de dominio, porque exige una causal legal tipificada, un proceso penal previo y un juez de garantía o un tribunal oral que ya conoce los hechos. Pero la declaración del artículo 20 no basta para rebajar las garantías. Cuando el Estado priva de bienes a una persona por un hecho que no logró probar más allá de toda duda razonable, la prueba preponderante debe aplicarse con rigor: hecho ilícito acreditado, vínculo entre ese hecho y cada bien, y cuantía determinada. Agrego un límite que la ley no formula y que la lógica impone: si una propiedad se compró con dinero de ventas ya computadas como ganancia, el valor se cuenta una sola vez.
7. Consecuencias prácticas para la defensa penal
La defensa no termina con el sobreseimiento o la absolución. Desde que esas resoluciones quedan ejecutoriadas corre un plazo de diez días para que se requiera el comiso, y la oposición se prepara antes. En la audiencia debe discutirse la causal invocada, la acreditación del hecho ilícito, la trazabilidad de cada activo y el cálculo del monto. Si el afectado es un tercero, hay que demostrar que no se encuentra en ninguna de las circunstancias del artículo 24 ter.
Para clientes extranjeros con patrimonio en más de un país, el cierre del proceso chileno no elimina el riesgo. En Colombia o Venezuela la acción patrimonial es autónoma y puede iniciarse sin condena, incluso después de la muerte del titular. Coordinar a tiempo con abogados de esas jurisdicciones forma parte de la defensa.
La pregunta que decide estos casos es siempre la misma: qué prueba permite pasar de la sospecha sobre una persona a una decisión judicial sobre ese bien.
Referencias — APA 7.ª edición
Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. (2023, 28 de abril). Ley Orgánica de Extinción de Dominio. Gaceta Oficial N.° 6.745 Extraordinario.
Brewer-Carías, A. R. (2023). Confiscación, comiso y extinción de dominio: comentarios a la Ley Orgánica de Extinción de Dominio de 28 de abril de 2023. https://allanbrewercarias.com
Congreso de Colombia. (2014). Ley 1708 de 2014, Código de Extinción de Dominio. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=56475
Corte Constitucional de Colombia. (2003, 28 de agosto). Sentencia C-740 de 2003. https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/c-740-03.htm
Corte Constitucional de Colombia. (2023). Sentencia C-473 de 2023. https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2023/c-473-23.htm
Corte Suprema de Chile. (2018, 24 de agosto). Caso Riggs, sentencia de reemplazo. https://media.elmostrador.cl/2018/08/RIGSS-SUPREMA.pdf
Ley N.° 21.577. (2023, 15 de junio). Fortalece la persecución de los delitos de delincuencia organizada, establece técnicas especiales para su investigación y robustece comiso de ganancias. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1193423
Ley N.° 21.595. (2023). Ley de Delitos Económicos, art. 41. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1195119
Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. (2024, 24 de abril). Directiva (UE) 2024/1260 sobre recuperación y decomiso de activos. Diario Oficial de la Unión Europea, L 2024/1260.
Serra Cruz, D. F. (2023). El comiso sin condena previa en la Ley N.° 21.577 que fortalece la persecución de los delitos de delincuencia organizada: su compatibilidad con el debido proceso. Revista de Derecho (Concepción), (254). https://doi.org/10.29393/RD254-6CCDX20006
Abogado | Mg. Derecho Penal Económico y de la Empresa, USS
Doctorando en Gobierno y Gestión Pública (UNICEQ Global)
Serie «Artículo del Director» · Publicación N.° 12 · 20 de noviembre de 2026

