Ser detenido no equivale a ser condenado: imputación penal, revocación de residencia y expulsión por seguridad interior

Ser detenido no equivale a ser condenado: imputación penal, revocación de residencia y expulsión por seguridad interior

1. El problema jurídico

El 6 de noviembre, en el balance oficial de expulsiones, la autoridad informó que cinco extranjeros detenidos durante las manifestaciones del 18 de octubre (tres peruanos y dos haitianos) tenían residencia definitiva, que esta les fue retirada y que se dictaron sus órdenes de expulsión con la facultad del Subsecretario del Interior por razones de seguridad interior. Las órdenes fueron notificadas, y los afectados disponen de diez días para reclamar.

Sin conocer los expedientes, no corresponde pronunciarse sobre la legalidad de esas resoluciones ni sobre la responsabilidad de nadie. El episodio sí plantea una pregunta de método: ¿qué puede hacer la Administración migratoria con un hecho cuya relevancia penal todavía se discute?

2. Doctrina penal: la presunción de inocencia como regla de trato

La doctrina procesal distingue dos dimensiones de la presunción de inocencia. Como regla de juicio, impone al acusador la carga de probar la culpabilidad. Como regla de trato, prohíbe tratar al imputado como culpable antes de la condena. El artículo 4 del Código Procesal Penal chileno recoge la segunda en términos inequívocos: ninguna persona será considerada culpable ni tratada como tal mientras no sea condenada por sentencia firme.

La jurisprudencia internacional ha extendido esa regla fuera del proceso penal. En Allenet de Ribemont c. Francia (1995), el TEDH consideró vulnerada la presunción de inocencia por declaraciones de autoridades que presentaban como culpable a quien solo estaba siendo investigado.

3. Desarrollo dogmático: tres decisiones con presupuestos distintos

La causal. El artículo 32 N.° 1 prohíbe el ingreso de quienes «ejecuten o hayan ejecutado hechos que las leyes chilenas califiquen de delito contra la seguridad exterior, la soberanía nacional o la seguridad interior». Esa misma hipótesis permite revocar la residencia (art. 89 N.° 1) y expulsar a un residente (art. 128 N.° 2). La norma no exige condena, pero sí dos cosas: hechos propios acreditados y su calificación como delito contra la seguridad interior. Esa categoría tiene contenido dogmático: corresponde a figuras como las del Título II del Libro II del Código Penal o de la Ley N.° 12.927, y no se identifica, por ejemplo, con los desórdenes públicos del artículo 269, ubicados en otro título.

La revocación. El artículo 91 exige resolución fundada y, al iniciar el procedimiento, notificar al afectado y otorgarle diez días para presentar descargos. El artículo 93 agrega una regla decisiva: si quien pierde su permiso está imputado por crimen o simple delito, el plazo para abandonar el país corre desde la resolución judicial firme que ponga término al proceso.

La expulsión. El artículo 132 atribuye la expulsión al Director Nacional del SERMIG y, «sólo en casos debidamente calificados, fundados en razones de seguridad interior o exterior», al Subsecretario del Interior mediante resolución fundada. Es una regla de competencia, no una causal autónoma: el Subsecretario debe igualmente invocar una causal legal y ponderar las circunstancias del artículo 129. El artículo 130 prohíbe las expulsiones colectivas, y el artículo 135 impide ejecutar la expulsión mientras la persona esté sujeta a prohibición judicial de salir del país o a prisión preventiva.

4. Comparación internacional: Colombia y Venezuela

Colombia ofrece la experiencia más cercana. El artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1067 de 2015 permite a Migración Colombia expulsar a extranjeros que, a juicio de la autoridad, realicen actividades que atenten contra la seguridad nacional o el orden público. En noviembre de 2019, durante el Paro Nacional, se aplicó a 59 venezolanos detenidos en Bogotá. En la sentencia SU-397 de 2021, la Corte Constitucional declaró vulnerados su debido proceso y su dignidad, y calificó lo ocurrido como una expulsión colectiva por falta de motivación individual de cada resolución.

Venezuela contempla en el artículo 39 de la Ley de Extranjería y Migración de 2004 la expulsión de quien comprometa la seguridad y defensa de la Nación o altere el orden público, sujeta al procedimiento del artículo 41. El artículo 49 de su Constitución consagra la presunción de inocencia y el derecho a ser oído en toda actuación judicial y administrativa.

5. Legislación y jurisprudencia aplicable

El artículo 141 de la Ley N.° 21.325 permite reclamar la expulsión ante la Corte de Apelaciones dentro de diez días corridos desde la notificación, con efecto suspensivo y defensa a través de las Corporaciones de Asistencia Judicial. La ley despachada el 20 de octubre (Boletín N.° 16.836-06) reduce ese plazo a cinco días, pero no está publicada. La Convención Americana prohíbe la expulsión colectiva (art. 22.9), y la Corte Interamericana, en Personas dominicanas y haitianas expulsadas vs. República Dominicana (2014), exigió un análisis objetivo de las circunstancias individuales de cada persona.

6. Posición del autor

A mi juicio, la invocación de la seguridad interior eleva la exigencia de fundamentación; no la reduce. Si la causal descansa en «hechos que las leyes chilenas califiquen de delito», la resolución debe describir esos hechos, atribuirlos individualmente a la persona, explicar por qué constituyen un delito contra la seguridad interior y no otra figura, y señalar con qué antecedentes se tienen por acreditados. Una detención o una formalización pueden ser indicios; no son, por sí solas, la prueba del hecho. Y la regla del artículo 93 muestra que el legislador no quiso que la potestad migratoria se anticipara al resultado del proceso penal.

7. Consecuencias prácticas para la defensa

La defensa trabaja sobre el expediente, no sobre el comunicado: debe identificar cada acto (revocación, orden de abandono, expulsión), su autoridad, su fecha de notificación y su recurso propio; contrastar la resolución con el parte policial, la formalización, las cautelares y cualquier sobreseimiento; verificar si se ponderaron residencia, hijos y vínculos familiares; y reclamar dentro de los diez días corridos del artículo 141. La defensa penal debe informar a la migratoria, con autorización del cliente, porque un sobreseimiento o una absolución pueden dejar sin sustento la causal.

Defender no es negar las potestades del Estado. Es exigir que cada una se ejerza con hechos probados, motivación individual y revisión judicial efectiva.