¿Más requisitos significan más protección para los niños migrantes?

El 10 de noviembre de 2026, el Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) informó que concluyó la adecuación de cinco reglamentos pendientes desde la entrada en vigencia de la Ley N.° 21.325. Entre ellos, la modificación del Decreto Supremo N.° 177, de 2022, introduce un mayor control en la acreditación y verificación de vínculos familiares en las solicitudes de residencia de niños, niñas y adolescentes (NNA), con especial énfasis en quienes llegan o permanecen en Chile sin sus padres o adultos responsables. Como el texto definitivo aún no ha sido publicado, este análisis se basa en lo anunciado.

El anuncio tiene un antecedente conocido. En junio, la Contraloría General de la República detectó incumplimientos normativos, falta de coordinación institucional y debilidades de control interno en el Programa de Reunificación Familiar, a propósito del ingreso de niños provenientes de Haití, e instruyó sumarios en el SERMIG, la Policía de Investigaciones y la Subsecretaría de la Niñez. Que 64 niños no fueran encontrados en los domicilios informados demostró que el riesgo es real.

Reforzar los controles es, por tanto, legítimo. La pregunta es otra: ¿más requisitos significan necesariamente más protección? Este artículo sostiene que verificar el vínculo familiar es una obligación de protección, pero que un estándar puramente documental, sin vías alternativas de acreditación ni plazos acordes a la tramitación prioritaria que exige la ley, puede producir la misma separación familiar que la reunificación busca evitar.

Verificar no es lo mismo que acumular documentos

Las debilidades que identificó Contraloría se refieren a la coordinación entre instituciones, la revisión de antecedentes y el seguimiento posterior de los niños. Son fallas en la forma en que el Estado verifica y acompaña, no necesariamente en la cantidad de documentos que exige.

Las familias migrantes, además, no siempre caben en un formulario. Un progenitor puede haber migrado años antes que sus hijos, un niño puede haber crecido con sus abuelos y el otro progenitor puede estar ausente desde hace tiempo. Hay países sin representación consular en Chile y legalizaciones que demoran meses. En estos casos, la falta de un documento no equivale a la falta de vínculo. El Derecho debe distinguir entre un vínculo inexistente que se pretende hacer pasar por verdadero y un vínculo real cuya prueba se ve dificultada por la propia historia migratoria.

A ello se suma el tiempo. Según la Defensoría de la Niñez, con datos del SERMIG para 2022 a 2024, la reunificación familiar de NNA demoró en promedio cerca de diez meses cuando se solicitó desde el extranjero y casi diecisiete cuando se pidió desde Chile. Cada nueva exigencia sin mayor capacidad de gestión prolonga una separación que también afecta al niño.

Marco normativo

La Ley N.° 21.325 reconoce la reunificación familiar en su artículo 19 y ordena tramitar prioritariamente las solicitudes de NNA. Su artículo 4 obliga al Estado a adoptar las medidas necesarias para asegurar el pleno ejercicio de sus derechos, y su artículo 22 exige que la Política Nacional de Migración y Extranjería preste especial preocupación a grupos vulnerables, entre ellos NNA y mujeres. El reglamento de la ley (Decreto Supremo N.° 296, de 2022) dispone que los NNA extranjeros ingresen acompañados de su padre, madre o persona a cargo de su cuidado, o con autorización escrita de uno de ellos, del tribunal o de la autoridad competente.

La Ley N.° 21.430 obliga, en su artículo 7, a considerar primordialmente el interés superior del niño atendiendo a sus circunstancias particulares, y reconoce en su artículo 27 el derecho a vivir en familia, cualquiera sea su composición. Una exigencia documental idéntica para todas las familias, sin margen para examinar el caso concreto, difícilmente satisface ese estándar.

Estándar de derechos humanos

La Convención sobre los Derechos del Niño exige que el interés superior sea una consideración primordial (artículo 3) y protege la identidad y las relaciones familiares del niño (artículos 8 y 9). Su artículo 10 es específico: las solicitudes de reunificación familiar deben atenderse de manera positiva, humanitaria y expeditiva. La Corte Interamericana, en la Opinión Consultiva OC-21/14, derivó de ese corpus la obligación de prevenir la separación familiar y preservar la unidad familiar, y las Observaciones Generales conjuntas de 2017 de los Comités de Trabajadores Migratorios y de los Derechos del Niño advierten que la falta de reunificación en tiempo oportuno es uno de los problemas que enfrenta la niñez migrante. La verificación es legítima, pero no puede volver ilusorio el derecho.

Jurisprudencia

Los tribunales chilenos ya han enfrentado este dilema. En marzo de 2025, la Corte de Apelaciones de Talca (Rol N.° 203-2025) acogió un amparo a favor de doce NNA venezolanos cuyas solicitudes de residencia habían sido archivadas porque el SERMIG consideró insuficientes sus actas de nacimiento. La Corte ordenó reabrir los procedimientos y aceptar las actas como prueba equivalente de identidad y filiación.

La Corte Suprema siguió el mismo razonamiento en noviembre de 2025 (Rol N.° 44.782-2025). Un niño venezolano de 13 años no podía obtener pasaporte ni cédula por la falta de representación consular de su país en Chile. La Corte calificó el archivo de su solicitud como ilegal por desproporcionado, integró el vacío normativo conforme al interés superior del niño y al principio pro homine, y ordenó aceptar la partida de nacimiento como prueba por equivalencia de su identidad y vínculo filial.

Aunque no se refieren a la reunificación en sentido estricto, estos fallos entregan un criterio aplicable: ante una imposibilidad material de presentar un documento, la Administración no puede limitarse a rechazar o archivar; debe admitir medios equivalentes que acrediten lo que la norma busca verificar.

Dimensión familiar

Una madre que migró primero y hoy busca reunirse con sus hijos puede ejercer su cuidado de manera efectiva y, aun así, depender de la autorización de un progenitor ausente o que ha ejercido violencia. En muchos países de origen la salida del niño requiere la firma de ambos padres, y ningún tribunal chileno puede suplirla. Si el procedimiento no prevé alternativas, la familia queda en una espera indefinida o expuesta a un riesgo mayor. Para el niño, cada mes de demora significa crecer lejos de quien lo cuida y postergar su arraigo en el país donde vivirá.

Mi análisis

El caso de los niños haitianos dejó una lección: el Estado necesita saber quién recibe a cada niño, dónde vivirá y si está seguro. Esa información no proviene principalmente de un documento adicional, sino de una verificación activa: entrevistas, cruce de información con el país de origen, informes sociales y seguimiento por las Oficinas Locales de la Niñez. Una política que solo suma requisitos puede excluir a familias honestas, mientras quien actúa de mala fe sigue presentando documentos falsos. La regulación debería incorporar, al menos:

1. Medios alternativos de prueba cuando exista imposibilidad acreditada de obtener un documento, como registros escolares o de salud, entrevistas, informes sociales y, como último recurso y con garantías, pruebas genéticas.
2. Una evaluación individual del interés superior expresada en una resolución fundada.
3. Plazos compatibles con la tramitación prioritaria que la ley ordena.
4. Reglas para los casos en que la autorización del otro progenitor sea imposible o riesgosa de exigir.

En el Senado se tramitan además dos mociones: el Boletín N.° 18.377-06, que propone mayores exigencias documentales, y el Boletín N.° 18.561-36, que propone un seguimiento de los niños reunificados a cargo de las Oficinas Locales de la Niñez. Ninguna es ley vigente, pero ambas muestran que el debate oscila entre controlar más en la entrada y acompañar mejor después. La protección efectiva depende, sobre todo, de lo segundo.

Conclusiones

Primero, reforzar la verificación de vínculos familiares es legítimo: el caso de los niños haitianos demostró riesgos reales que el Estado debe prevenir.

Segundo, las fallas detectadas se relacionan con la coordinación, la revisión de antecedentes y el seguimiento. Aumentar requisitos no las corrige por sí solo.

Tercero, el derecho chileno, los estándares internacionales y la jurisprudencia reciente exigen distinguir entre el vínculo inexistente y el vínculo real difícil de probar, y admitir medios equivalentes ante la imposibilidad material.

Cuarto, la demora es en sí misma una afectación. Más requisitos sin mayor capacidad de gestión prolongan la separación y contradicen el mandato de tramitación prioritaria.

Quinto, el desafío es que el texto definitivo del Decreto N.° 177 incorpore vías alternativas de acreditación y una evaluación individual. La pregunta no debería ser solo cuántos documentos presenta una familia, sino si el procedimiento permite conocer quién cuida al niño, cuál es su realidad y qué decisión protege efectivamente sus derechos.